Stonewall: imágenes de la acción que ha tenido lugar en la mañana del jueves 26 de junio de 2008 con motivo del día internacional contra la tortura. Varias personas hemos simulado algunas de las prácticas de tortura de las que algunas persona lgtb han denunciado ser objeto por parte de varios cuerpos de seguridad del Estado, frente al monumento a la Constitución, símbolo de quienes deberían ser los garantes y no los responsables de que este tipo de atropellos se produzcan.
Queremos agradecer el apoyo y la participación de personas de ASAPA, de la Asociación de madres y padres de lgtb de Aragón, de D-generadas y de Lasdel8 en la preparación y/o desarrollo de esta acción de denuncia.
Desde Stonewall no dejaremos de denunciar la impunidad de los responsables de estos atropellos a los derechos humanos más fundamentales, y de seguir exigiendo a los representantes públicos que tomen las medidas políticas necesarias para terminar con este tipo de atentados contra la dignidad de las personas, sobre todo cuando se ceba en los colectivos más vulnerables, entre los que nos encontramos la personas lgtb, mujeres e inmigrantes entre otras muchas.
Bajo el lema "Aquí se tortura ... con transfobia, con homofobia, con heterosexismo, con racismo" queremos denunciar que seguimos batiendo records entre los estados de nuestro entorno en cuanto a número de casos de tortura y de denuncias que no llegan a ser investigadas en muchos casos, sin que desde las instancias de gobierno se implementen las medidas necesarias para acabar con esta lacra. Los casos que conocemos y que se denuncian apenas llegan a ser la punta del iceberg de los casos reales, sobre todo porque suelen cebarse en personas pertenecientes a colectivos sociales más vulnerables (en el caso de las mujeres transexuales por su exclusión social y laboral, en el de lesbianas y gais por su invisibilización en su entorno social, o en el caso de las personas inmigrantes por su falta de papeles, etc, y muchas veces la suma de unas y otras circunstancias). Además, la sensación de impunidad es absoluta, pues casi ninguno de los responsables de estos actos suele acabar condenado por su responsabilidad en los mismos, lo cual poco ayuda en su erradicacón.
Esta acción que llevamos hoy a cabo forma parte de una serie de actuaciones por parte de varios colectivos lgtb+, desde la concentración y campaña de denuncia por el caso de Tatiana Sánchez, transexual zaragozana, de hace un par de años, como de la Red contra la Homofobia y la Transfobia, que en los últimos encuentros celebrados en Barcelona llevamos a cabo una manifestación, así como la realización de charlas sobre el tema (las más recientes la de La Acera del Frente de Madrid y la de Stonewall en Zaragoza, con Martxelo Otamendi, ex director del diario Egunkaria y director del diario Berria *adjuntamos cartel del pasado acto), y la difusión del siguiente documento en relación a la Tortura con lgtbfobia:
POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS RECOGIDAS EN EL PROTOCOLO ONU DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA
Todos los datos recogidos en esta propuesta se pueden encontrar en el Informe de la ONU sobre en estado de los DDHH en Europa en 2006 y en el Informe sobre la tortura en el Estado español en 2006 de la Coordinadora para la prevención de la Tortura así como en la declaración de los juristas de Cataluña respecto a la tortura.
Según la Convención de la ONU contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, aprobada por el Plenario de la ONU el 10 de diciembre de 1984 y ratificada por el Estado español en octubre de 1987, por torturas se entiende: “todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instancia suya o con su consentimiento".
En el Estado Español, entre los años 2000 y 2006 se han producido un total de 1948 denuncias por torturas por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. De todos estos casos, un 30.2% se produjeron a personas relacionadas con los movimientos sociales, un 19.2% fueron sufridos por personas migrantes y un 17,1% lo sufrieron sindicalistas.
En el caso que nos compete, los casos de torturas con el agravante de homofobia o transfobia no están tipificados como tales en las estadísticas oficiales en los Informes de la ONU ni en el Observatorio penal y de los Derechos Humanos sino que está catalogado como un “agravante” a la tortura física y/o emocional. Este agravante está tipificado en el código penal como “Daños contra la integridad moral” bien sea religiosa o por su condición sexual, cajón de sastre para no llamarlo por su nombre: homofobia o transfobia.
Hace un año que el Estado español ratificó el Protocolo Facultativo de la ONU para la prevención de la tortura, y este primer aniversario se celebra recibiendo una nueva reprimenda por sus políticas al respecto. Consolidado en el punto de mira del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, en esta ocasión ha sido el reciente informe del Relator Especial para el tema de la tortura el que ha elevado el tono de las críticas, lamentando explícitamente el seguimiento que el estado español ha venido haciendo de las recomendaciones de su predecesor Theo van Boven.
El mantenimiento del régimen de detención incomunicada, las extremas negligencias en la investigación judicial de las denuncias por tortura, la falta de depuración de responsabilidades por parte de la administración a este respecto, y la negativa a registrar audiovisualmente los interrogatorios policiales son los temas que más enérgicamente condena Manfred Novack, si bien señala muchos otros lugares oscuros en las políticas preventivas para la tortura en el Estado. Las respuestas institucionales desde el gobierno central son una vez más tópicas, inmovilistas e irreales. Una justificación absurda es la de por qué no se graban en video los interrogatorios para lo que primero se plantea el riesgo de autoinculpación espontánea de los encausados, diciéndose también que existe el riesgo de que los detenidos puedan “dramatizar el momento del interrogatorio” o expresar en él la propaganda de sus ideas. El relator especial, haciendo suya la información facilitada por la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, denuncia el archivo sistemático de las denuncias por torturas y malos tratos, así como los retrasos en su investigación o la falta de impulso procesal y recoge con escándalo algún ejemplo de pronunciamiento judicial al respecto de denuncias por torturas, o declaraciones de apoyo de autoridades públicas a funcionarios condenados por este tema, homenajes públicos, indultos y demás actitudes institucionales que expresan la falta de voluntad política para garantizar los derechos de las personas en este ámbito.
De hecho, el discurso oficial sigue centrándose en la excepcionalidad de los casos de malos tratos, pese a los propios datos que se manejan a nivel institucional, y que hablan de una media de alrededor de 750 casos anuales desde el año 2000, ocultando el problema con declaraciones formales sin contenido práctico y pequeños “lavados de cara”, como la firma del Protocolo Facultativo de la ONU.
En su contestación al documento del Sr Novack, el Gobierno español no responde a los requerimientos del Relator ni se compromete a cumplir con las recomendaciones para la prevención de la tortura. Por contra, el Gobierno responde a las denuncias concretas minusvalorándolas, en una actitud de ocultación de los hechos y ocultación de sus responsabilidades.
A este respecto, nos vemos obligados a denunciar de nuevo la actitud del Gobierno español que a falta de dos meses para que se cierre el plazo de implementación de mecanismos nacionales previsto en el Protocolo Facultativo, no ha dejado de sabotear el espíritu de esta herramienta supranacional, abierta a la sociedad civil, independiente y crítica, con actitudes como la propuesta de Leopoldo Torres para el subcomité internacional sin consultar con la sociedad civil o el acercamiento a la oficina del Defensor del Pueblo para diseñar el mecanismo nacional en torno a ella, posiciones que ejemplifican su nula intención de desarrollar una política que realmente pretenda erradicar la Tortura ni reconocer su práctica.
Los casos ya conocidos de denunciantes de torturas con LGTBfobia: Martxelo Otamendi (cuya denuncia de torturas y vejaciones con homofobia ha sido archivada), Tatiana Sanchez y Xavier Balaguer son solo las caras visibles y conocidas de un problema que nos atañe a todas las personas LGTB+.
